Semarnat
deberá emitir el dictamen de inocuidad para destrabar permisos municipales.
suspendida en tanto una instancia federal no emita un dictamen que garantice la inocuidad del predio, dado que la empresa sólo ha presentado un estudio efectuado en 1994, por el laboratorio Industrial del Chopo, sin embargo, se carece de aval de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Héctor
Saúl Castilla Moyado, jefe de Asentamientos Humanos de la Dirección de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Córdoba, precisó que este miércoles el
representante legal del predio propiedad de Anaversa, presentó copia del
estudio efectuado hace 22 años, documento que será analizado por la
Coordinación de Ecología y Medio Ambiente y el Ayuntamiento en general para
conocer sus alcances.
“Nos
entregaron unos estudios de 1994 que la Coordinación de Ecología y Medio
Ambiente del Ayuntamiento analizará por atención, pero necesitamos datos
actuales para saber el comportamiento de las dioxinas; el objetivo de estos
análisis es determinar el significado de las concentraciones mediante las
muestras de suelo detectadas en la planta de Anaversa”,explicó el funcionario.
Castilla
Moyado anunció que el municipio necesita resultados de los estudios para determinar
si los niveles de dioxinas representaban algún tipo de riesgo para la salud,
pues el Gobierno municipal en primera instancia velará por la seguridad y salud
de la ciudadanía.
El
funcionario recordó que Federico Garmendia tampoco ha dado a conocer el destino
de los residuos retirados del lugar sin previo permiso, necesarios para su
debido análisis; cabe señalar que el área demolida la semana pasada corresponde
a lo que antes eran las oficinas, por lo que podría aminorarse el riesgo al no
haber estado directamente en contacto con los fertilizantes.
En tanto
María de los Ángeles Morales Oyarzabal, coordinadora de Ecología y Medio
Ambiente (Ceyma), dijo que este tema es competencia federal y
concretamente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), al ser la única con la facultad de validar la liberación del pasivo
ambiental.
“No nos
podemos basar en estudios de 1994, sin embargo, ya no está en nuestras manos,
la única competencia del Ayuntamiento es cancelar la obra por falta de
documentos que avalen que los componentes no ocasionarán daño a la salud”,
explicó la funcionaria.
Morales
Oyarzabal puntualizó que el terreno de Anaversa cuenta con un pasivo ambiental,
lo cual significa es un lugar donde hubo un accidente o un evento de
contaminación grave que ocasionó la contaminación del sitio por diversos
parámetros durante un largo tiempo, el cual debe estar sujeto a un proceso de
remediación, según lo estipula la Ley General para la Prevención Integral de
los Residuos.
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