Mientras cualquier mexicano es auditado por recibir más de 15 mil pesos de efectivo en una cuenta bancaria, las autoridades exhoneran a los Reyes del Cash.
El
hermano del Mandatario recibió en 2015 dinero en efectivo de parte de David
León, quien se desempeñaba entonces como asesor en el Gobierno de
Chiapas, de Manuel Velasco (del PVEM), y que en el sexenio lopezobradorista
fungió como Coordinador Nacional de Protección Civil.
El
portal Latinus reveló en agosto de 2020 videos de esas entregas que permanecían
en secrecía. El monto estimado era de 1.4 millones de pesos.
Los videos no
fueron desmentidos ni rechazados por los implicados. Al contrario, admitieron
que se trataba de dinero para "el movimiento" que dio origen a
Morena, partido político registrado ante el INE y que debe
cumplir como todas las organizaciones, con las normas y comprobaciones de
ingresos lícitos.
Héctor
Sánchez Zaldívar, agente del Ministerio Público Federal encargado de la
indagatoria, determinó el no ejercicio de la acción penal en favor de Pío
López Obrador y de David León.
El
fiscal envió su resolución al Director General Jurídico en Materia de Delitos
Electorales de la FEDE, quien suscribió la firma de autorización, según la
defensa del tabasqueño.
Sánchez
Zaldívar no sólo cerró la investigación bajo la consideración de que no existe
un delito, sino que puso fin a la indagatoria para cancelar la
posibilidad de seguir indagando el caso por un delito de orden de electoral.
La
conclusión de la investigación se dio pese a que la FEDE no llamó a declarar al
Presidente ni presencial ni por escrito, a pesar de que AMLO había manifestado
no tener inconveniente en presentar su testimonio.
Uno
de los cabos sueltos era interrogar a Pío, pues ante la Fiscalía se reservó su
derecho a declarar aunque a medios de comunicación dijo que el dinero era para
gastos de gasolina y transporte "del movimiento".
De
todas formas, cuando el hermano del Presidente volvió a comparecer,
el pasado 5 de octubre, guardó silencio.
En
un comunicado, la Fiscalía Electoral arguyó que el cierre del caso fue obligado
por una orden del juez de amparo Julio Veredín Sena Velázquez de determinar
"de manera inmediata" una resolución del caso.
La
Fiscalía dijo que lo cerró de inmediato para acatar la petición del juez y por
carecer de pruebas.
"Aun cuando se
estaban desahogando diligencias de investigación con motivo de las recientes
declaraciones públicas del señor Pío L., el Ministerio Público de la
Federación, en acatamiento estricto a lo ordenado por el Juez de Amparo,
determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de
pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales
correspondientes", estableció en un comunicado.
